Hacia 1953, en la que todavía era la prisión más poblada de la geografía española, las presas comunes constituían una inmensa mayoría frente a las presas políticas o, como las calificaba el régimen, procesadas o condenadas por “delitos no comunes”
A partir de mediados de la década de los cuarenta, el número de presos y presas condenados por delitos de guerra, cometidos con anterioridad al primero de abril de 1939, había comenzado a descender sensiblemente gracias a los sucesivos decretos de indulto y de reducción de condena que habían servido al régimen para descongestionar los establecimientos. Si en enero de 1940 las estadísticas oficiales hablaban de más de 23.000 presas, la mayoría de ellas políticas –con más de un cuarto de millón de varones encarcelados- a mediados de 1946 la cifra total se había reducido a poco más de 5.000. Además, el número de reclusas comunes casi cuadruplicaba a la de políticas, condenadas ya prácticamente todas por delitos de posguerra: 4.039 frente a 1.219.
Hacia finales de los años cuarenta, la mayoría de las presas políticas de posguerra, que seguían arrastrando largas condenas, habían sido concentradas en una cárcel que, para esta época, representó un papel parecido al de la Ventas de principios de década: la prisión central de Segovia. Para mediados de los cincuenta, cerrada Segovia, las presas de posguerra –las pocas que quedaban- pasaron a ser concentradas en la central de Alcalá de Henares, a cargo de las Hijas de la Caridad, donde, aprovechándose de su escaso número, fueron mezcladas con las comunes.
Ventas, durante esta etapa, aunque había recuperado su carácter de prisión provincial –al margen de su función como hospital central penitenciario y prisión maternal- continuó siendo la cárcel femenina más poblada de la geografía española, con 380 reclusas en diciembre de 1953, más 69 de la maternal. Lo que había cambiado durante todos estos años había sido su composición, con una inmensa mayoría de detenidas y presas por delitos comunes, relacionados principalmente con delitos contra la propiedad –pequeños robos- y contra la “moralidad pública”: vagancia, prostitución –ilegalizada en 1956-, corrupción de menores, proxenetismo, práctica del aborto, etcétera. En el discurso de los agentes religiosos, de especial peso en las prisiones femeninas, la presa común seguía asociándose a la “mujer caída”, la “pecadora”, mientras que la presa política disminuía en número y se evaporaba nominalmente en las estadísticas oficiales.
Mientras tanto, el régimen continuó publicitando la bondad de su labor “redentora” en las prisiones femeninas. Para el caso de Ventas constituyen un buen ejemplo las visitas de autoridades a los talleres textiles y de manipulado de papel de los años cincuenta, aparte de las sesiones fotográficas realizadas en los tres únicos días del año en los que se autorizaba la entrada en la cárcel -durante buena parte del día- de los niños y niñas para visitar a sus madres: Reyes y las fiestas de la Virgen del Carmen y de la Merced, patrona de las prisiones. Especial atención recibían también las visitas oficiales efectuadas a la Maternal instalada en el mismo edificio desde 1945, que en 1960 adquiriría el pomposo nombre de “Centro de Maternología y Puericultura”.