Durante el llamado «bienio negro», la cárcel de Ventas se había llenado de presas «sociales» -militantes de partidos y sindicatos obreros- debido a la represión gubernamental que siguió a la insurrección de octubre de 1934
El 22 de febrero estalló en Ventas un plante de presas en protesta por el retraso con que estaban llegando las órdenes de libertad en aplicación del decreto-ley de amnistía de delitos polìticos y sociales promulgado el día anterior. El plante se convocó asimismo en demanda de la liberación de la demás reclusas, según recogió la prensa de la época.
Las «presas sociales» -arrestadas por delitos relacionados con huelgas y protestas obreras- habían desbordado a partir de octubre de 1934 el pabellón diseñado al efecto en Ventas por Manuel Sainz de Vicuña, a instancias de Victoria Kent.
Según el padrón municipal, a finales de 1935 había 191 reclusas, bastantes más que las setenta con las que se abrió la prisión. Era un reflejo tanto de la conflictividad social y política vivida durante los primeros años de la República como de la represión que había seguido al fallido conato revolucionario de octubre de 1934.
La amnistía para presos políticos y sociales fue una demanda constante de los partidos y organizaciones que conformaron el Frente Popular. Con el triunfo electoral de las izquierdas el 16 de febrero de 1936, fueron muchas las cárceles que se amotinaron exigiendo la aplicación inmediata de la amnistía, y Ventas no fue una excepción. El motín de protesta de la prisión de mujeres del día 22 tuvo que ser sofocado por los guardias de asalto republicanos, mientras su importancia era minimizada en la prensa.
Pero el decreto-ley de amnistía de 21 de febrero de 1936, cuya aplicación se exigía, no terminó de alcanzar a todos los presos y presas sociales, dado que numerosos presos conceptuados como «comunes» -no susceptibles por tanto de ser aministiados- lo estaban por su participación en huelgas y movilizaciones sociales. Solamente con la Ley de Amnistía de 3 de julio estos colectivos fueron finalmente liberados, al abarcar también «los hechos realizados con móviles político-sociales que hubieran sido calificados como delitos comunes».
Fuentes: Padrón municipal del edificio Marqués de Mondéjar 4, distrito Congreso-Plaza de toros. Diciembre de 1935. Archivo de Villa; «Un plante en la cárcel de mujeres», ABC 22/02/1936.